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La Alcaldesa no tomará acciones legales contra Macarena Olona tras el auto judicial que le da la razón

· María Eugenia Rufino prefiere cerrar un “episodio muy negro” en el que ella y su familia recibieron “cientos de amenazas, muchas de ellas de muerte”

Tras conocerse el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Motril que decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias derivadas de la denuncia que interpuso el año pasado Macarena Olona contra la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, esta última ha defendido su actuación en el procedimiento llevado a cabo en relación al empadronamiento en Salobreña de la entonces candidata de Vox al Parlamento andaluz. La regidora de la Villa asegura ahora que ha sido un empadronamiento “falso” y ha calificado su accionar como “circo mediático”.

Rufino ha revelado que en las fechas en que todo ocurrió, en torno a mayo de 2022, y durante varias semanas, tanto ella como sus familiares recibieron “cientos de amenazas, muchas de ellas de muerte” a través de redes sociales, lo que incluso la llevó a cerrar sus propias redes. Y si bien ahora tiene elementos para contraatacar desde el punto de vista judicial por una “acusación falsa”, afirma que no lo hará para “no contribuir al esperpento”.

“Hay líneas que no se deben traspasar”, ha afirmado esta mañana la alcaldesa en una rueda de prensa convocada expresamente para valorar el auto judicial y para hablar por primera vez sobre un asunto sobre el que no quiso pronunciarse antes “por respeto al sistema judicial”.

Al recordar todo lo sucedido en torno al empadronamiento de Olona en Salobreña, la alcaldesa ha relatado que se inició el 25 de noviembre de 2021 y que se llevó a cabo con toda normalidad, como ocurre cuando cualquier ciudadano desea empadronarse en un municipio. Sin embargo, explica que en mayo de 2022, con la cercanía de las elecciones autonómicas en las que Macarena Olona era candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, tuvieron lugar unas declaraciones públicas de Manuel Martín Montero, entonces presidente provincial de esta formación y propietario de la vivienda donde se registró el empadronamiento, que hacían dudar de la veracidad de que estuviese residiendo en ese domicilio.

Rufino ha señalado que, “según la Ley, cuando la administración tiene sospechas de la no veracidad de lo manifestado en el Ayuntamiento, debe de oficio iniciar un expediente de revisión de baja. Y eso es lo que se hace aquí”. Y ha recalcado que ni siquiera se hizo a instancias suyas, sino del secretario del Ayuntamiento, y respetando todos los derechos, “dándole audiencia a la afectada”. Asimismo, destaca que la baja definitiva la autoriza el Consejo Provincial de Empadronamiento.

Rufino considera que “hay líneas que no se deben traspasar, como las personales”, y ha revelado que durante las semanas posteriores a este hecho recibió “cientos de amenazas” a través de redes sociales, y no solo ella, sino también su familia, incluidas sus dos jóvenes hijas de 20 y 24 años en ese entonces.

Tras esta etapa que califica como “un episodio muy negro”, finalmente esas amenazas se relajaron tras la resolución del Consejo Provincial de Empadronamiento, dándole de baja en el Padrón, y “tras el batacazo electoral de Vox”, con lo cual Macarena Olona renunció a su escaño en el Parlamento andaluz y Salobreña dejó de ser el foco.

Según la primera edil, Olona interpuso la denuncia “sabiendo que no había ni una sola causa objetiva de delito”, lo cual “está recogido en el Código Penal como calumnia”. Sin embargo, ha anunciado que no continuará las acciones legales a las que tiene derecho por no querer “contribuir lo más mínimo al esperpento ni darle un altavoz a esta persona”, tomando la decisión de “pararlo aquí”.

María Eugenia Rufino lamenta que la entonces candidata de Vox haya “utilizado el nombre y el prestigio de Salobreña para su fin, que se vio frustrado gracias a que los ciudadanos en las urnas le dijeron lo que le dijeron a este partido”.

Por último, ha aclarado también que, aunque el auto judicial habla de “sobreseimiento provisional”, entiende que ya no hay posibilidad de apelación, ya que “técnicamente es materialmente imposible porque ella (Macarena Olona) no se ha personado en la causa”. Y también precisa que “nunca estuve imputada”, pese a las declaraciones de la propia denunciante, que dijo “tiene cara de condenada”.