El Ayuntamiento de Salobreña celebró ayer por la tarde un pleno ordinario con 13 puntos en el orden del día, varios de ellos de toma de conocimiento sobre asuntos económicos. Una sesión que en algunos momentos destacó por el duro tono entre algunos portavoces de la oposición y ediles del equipo de gobierno.
En el debate de los temas económicos la oposición solicitó que se regularice la situación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y que se acabe con esa modalidad, a lo que el gobierno municipal respondió que se está en ese camino y que el Periodo Medio de Pago a proveedores se ha reducido notablemente en lo que va de legislatura, situándose en 23 días.
Entre los temas abordados resaltó también el del transporte urbano. En agosto de 2023 se llevó a pleno una orden de servicio público para que pudiera continuar prestándose, ya que en la legislatura anterior se había producido una declaración de nulidad. Ahora se trataba de levantar un reparo de la Intervención municipal para aclarar las líneas a implementar en esa orden para darle la forma jurídica apropiada.
El tema salió adelante con la abstención de los tres grupos de la oposición –PP, Más Costa Tropical y Vox-, aunque sí tuvo el voto unánime el siguiente, dirigido al reintegro de una factura duplicada que se detectó en el pago del servicio de transporte público, por valor de 44.523 euros, según explicó la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Carmen Rodríguez Callejón (PSOE).
En el apartado de mociones, la primera en debatirse, de Más Costa Tropical, versó sobre el pago de una deuda de “casi 750.000 euros” de la empresa pública Eprodesa correspondiente a las viviendas tuteladas. El edil de la formación Juan Collado advirtió sobre el riesgo de embargo que recae sobre el Ayuntamiento en caso de no efectuar el pago, además del incremento de la deuda por intereses.
El alcalde de la Villa, Javier Ortega, se mostró “totalmente de acuerdo” en el fondo de la cuestión, si bien aclaró que no procede realizar el pago por las vías planteadas en la moción, bien a través de Remanentes de Tesorería o bien mediante ampliación de capital de la sociedad. De hecho, el primer edil anunció que la semana próxima se formalizará la compra por parte del Ayuntamiento del 10 por ciento de Eprodesa que corresponde a Visogsa. Eso será el paso previo para saldar la deuda, y que casi no conllevaría el pago de intereses. Según Ortega, este será el primer paso para poder plantear, en base a una auditoría que está prevista, que siga en funcionamiento Eprodesa y que las viviendas se mantengan bajo titularidad municipal.
Ante esta explicación, Más Costa Tropical retiró la moción, al igual que la siguiente, relacionada con la instalación de cámaras de seguridad, pues el tema ya se abordó en la pasada Junta Local de Seguridad. Sí se debatió, y se aprobó por unanimidad, la tercera propuesta de este grupo sobre reparación de alumbrado en mal estado. El edil de la formación Pedro Ruiz de la Rica valoró que tras haberse presentado la moción se hayan efectuado algunos de los arreglos demandados en La Guardia, si bien hay otros pendientes en el Casco Antiguo. Básicamente pide la reparación de farolas deterioradas y la instalación de puntos de luz en zonas oscuras.
En este punto, el edil de Obras y Urbanismo, Juan Gutiérrez (PSOE), explicó que se está desarrollando un plan integral de reparación de farolas, dentro del cual ya se ha actuado en unas 200 de las más de 3.000 que hay en el municipio.
La siguiente moción, del Partido Popular, era de carácter nacional y planteaba un apoyo a los agricultores y ganaderos españoles. Los socialistas iban a presentar una con un planteamiento similar –si bien ambas no coincidían en el argumentario-, aunque finalmente se ha quedado fuera por motivos administrativos. El alcalde planteó a los populares buscar un texto institucional sin alusiones políticas, aunque estos últimos decidieron seguir adelante con su propuesta, resultando rechazada con los votos del equipo de gobierno y también de Vox, que en su caso manifestó no coincidir con preceptos que defienden los dos grandes partidos, según explicó su portavoz Manuel Martín Montero.
También intervino en este punto la portavoz de Convergencia Andaluza, María Rodríguez, quien pidió al PP que permita la participación del resto de grupos en la moción. No obstante, los corporativos quedaron emplazados a intentar consensuar un texto de forma conjunta.
La última moción de la sesión plenaria, también del Partido Popular, planteaba la contratación por parte del Ayuntamiento de barcos de limpieza de las aguas en las playas del municipio. La portavoz María del Carmen Vílchez fue la encargada de defenderla, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Plácido Leyva, señaló que varios municipios solicitan que la limpieza de las aguas en las playas se realice a través de las mancomunidades, como ocurre en la Costa del Sol Occidental, por ser más económico. Y tacha de contradictoria la postura del PP, que en otras ocasiones pedía que se financiara a través de la Junta, y ahora pide que lo haga el Ayuntamiento.
El concejal de Playas del Consistorio, Luis Cano (IU), explicó que le solicitó a la Diputación que se financie este servicio a través de los Planes de Concertación, lo cual fue denegado por haberse solicitado ya a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, sobre lo cual se está actualmente a la espera de una respuesta. Su compañera de partido, Ángela Rodríguez, diferenció por su parte la calidad del agua de la limpieza de la superficie, pues la primera puede verse afectada por vertidos. Y aseguró que las competencias en ese sentido corresponden a la Junta de Andalucía.
Cerró el asunto el alcalde señalando que el Ayuntamiento no dispone de recursos para financiar este servicio como solicita la moción, por lo que resultó rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno y a favor de los tres grupos de la oposición.
