El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Salobreña ha denunciado el incumplimiento de promesas por parte del Ayuntamiento en relación a una serie de servicios que, según denuncia, se adeudan desde 2019. La central sindical ha hecho un balance de los últimos tres años de la situación del cuerpo, con el fin de aclarar distintas informaciones que se han debatido en el pleno del Ayuntamiento.
El SIPLG asegura que a día de hoy se adeudan a la plantilla de Policía Local horas extra correspondientes a los años 2020 y 2021, bolsa de horas de 2020, vacaciones de verano de 2020 y 2021, paga Covid 19 y exceso horario de 2020. Y denuncian que en tres años de trabajo, reuniones, acuerdos y compromisos, solo se ha abonado un tercio de la deuda. Destaca el sindicato que todo este montante económico se debe en gran medida a la merma que sufre la plantilla debido a la falta de reposición de agentes en trece años, tras jubilaciones y desplazamientos a otros municipios “con mejores condiciones”.
Ante esta situación, señala que a principios de 2021 la alcaldesa María Eugenia Rufino se comprometió con la plantilla a realizar una modificación de crédito en el presupuesto que permitiera abonar los servicios que se efectuarían en el año en curso, dejando la deuda atrasada pendiente de pago en los siguientes presupuestos. SIPLG denuncia que “tras acceder a dicha proposición con el simple objetivo de no dejar al municipio de Salobreña sin policía”, el pago vuelve a encontrarse con obstáculos, siendo entregado solo una parte del mismo, sin que se tenga conocimiento de la forma en que se pretende saldar lo adeudado.
María José García, delegada sindical del SIPLG en Salobreña, denuncia que la no realización de servicios extraordinarios por gran parte de la plantilla, unido a las vacaciones por las fiestas navideñas, está provocando la realización de servicios unipersonales “con el consiguiente riesgo para los agentes y el detrimento en seguridad que los vecinos están notando”. Por todo lo expuesto, los efectivos aseguran que han “sido engañados, no se han cumplido las promesas y se ha aprovechado la buena fe de los agentes para cubrir servicios”.
