Los grupos de la oposición se quejaron por la no aprobación en tiempo y forma de los presupuestos de los tres últimos ejercicios, así como de la falta de información por el equipo de gobierno de las directrices a seguir en el capítulo de gastos e ingresos.
El pleno celebrado en la tarde del lunes trató dos puntos de carácter económico que suscitaron la unanimidad a la hora del voto. Pero los grupos de la oposición criticaron la no aprobación en tiempo y forma de los presupuestos de los tres últimos ejercicios, así como de la falta de información por el equipo de gobierno de las directrices a seguir en el capítulo de gastos e ingresos aunque sea a través de presupuestos prorrogados desde 2011.
En el primero de los asuntos la propuesta era facilitar el pago mediante sistema tradicional de aquellas facturas que no superen los 5.000 euros. Recordemos que la facturación electrónica está regulada por una ley que pretende el impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, estableciendo la obligación a todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la administración pública a expedir y remitir factura electrónica. No obstante, en su apartado segundo, dicha ley da la posibilidad a las entidades locales de excluir reglamentariamente de la obligación de facturar electrónicamente facturas de hasta 5.000 euros.
En este sentido, teniendo en cuenta lo novedoso de la materia, que va a suponer la adaptación de los proveedores a nuevas herramientas que permitan la emisión de facturas electrónicas, lo que precisará de un periodo de adaptación, el Ayuntamiento ha considerado que se regule al menos temporalmente la posibilidad de excluir de la obligación de facturación electrónica en los términos dispuestos en la norma. Así lo expuso Mari Carmen Rodríguez Callejón, Concejal de Economía y Hacienda.
En su estreno ante el pleno, el portavoz del PA, Francisco Pérez de la O, criticó la forma de actuar del gobierno socialista, al que que tachó de anteponer sus intereses a los generales, para luego criticar la falta de un presupuesto a través del cual vengan reguladas año tras año medidas o modificaciones como ésta.
El portavoz de Izquierda Uunida reiteró las críticas vertidas por los andalucistas. Para Ángel Coello no es de recibo que el equipo de gobierno no dé cuenta al pleno de los reparos planteados por la intervención municipal ante distintas medidas adoptadas. Además de los presupuestos sucesivos, preguntó porqué siguen sin aprobar las cuentas de 2005. Coello anunció el voto favorable a la modificación, “pero en ese contexto de desgobierno y de caos que alguien debería explicar”, concluyó el portavoz de IU.
Por parte del Partido Popular, Rosario Izquierdo repitió el discurso de sus colegas de la oposición, aunque también anunció su voto favorable.
El alcalde, Gonzalo fernández Pulido, dijo que la propuesta parte de los técnicos municipales y que nada tiene que ver con la aprobación o no delos presupuestos.
Por otro lado, se ha incluido en la Base 26 de Ejecución del Presupuesto vigente un nuevo apartado para eximir de la obligación de estar al corriente con obligaciones tributarias y Seguridad Social a beneficiarios de ayudas de emergencia social, tal y como está previsto en el articulo 13 de la Ley General de Subvenciones, dada la naturaleza de las ayudas y subvenciones que en dichos programas se conceden, como ayudas de emergencia social, atenciones urgentes e inaplazables, o suministros vitales mínimos.
La edil de Economía explicó que “era una cuestión de interpretación, ya que antes se veía normal atender los casos de emergencia social, tras el informe correspondiente de los servicios sociales, sin exigir estar al corriente de dichas obligaciones porque se entendía que su situación era suficientemente crítica. Ahora, la nueva interventora no lo ve de la misma forma y por eso se llevaba a pleno la modificación”.
Para el portavoz del Partido Popular “el gobierno municipal busca utilizar los fondos de emergencia social para buscar votos, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones”. Y defendió que esta modificación se tenía que haber hecho al principio de la legislatura. Aún así, entiende que esta medida servirá para que los expedientes salgan más rápidamente y también las ayudas lleguen de forma más ágil a quien las necesita.
El portavoz de IU dijo que “este es un problema que se da en todas las administraciones”. Y que en el caso de los ayuntamientos las solicitudes de ayudas han de ser informadas por los servicios sociales comunitarios para que se constate fehacientemente dicha necesidad.
El PP lo vio positivo aunque para su portavoz la medida llega un poco tarde. Y la teniente de alcalde aclaró que esta medida se está adoptando por la actual corporación desde el minuto uno, siempre con el aval de los informes sociales. Y recordó que las ayudas se han multiplicado hasta por tres en el año que acaba de terminar.
También el alcalde quiso aclarar que nunca se han dado ayudas arbitrariamente, pero añadió con respecto a los requisitos que se exigen, que “cuando alguien acude a la emergencia social es porque no tiene”. Unanimidad también en este punto.
