La aplicación de la Ley de Reforma Local del Gobierno central limita a cinco el número de liberados, imponiendo al equipo de gobiero una reducción que afecta a los ediles María José Garcia, Irene Justo y Javier Ortega.
Pleno del Ayuntamiento de Salobreña.
Tres concejales del equipo de gobierno de Salobreña han tenido que renunciar a sus funciones con motivo de la aplicación de la Ley de Reforma Local aprobada por el Gobierno central, que ha entrado en vigor a finales de 2013. María José García, concejal de Igualdad, Servicios Sociales y Comercio; Irene Justo, responsable de Turismo y de La Caleta; y Javier Ortega, edil de Mantenimiento y Obras, Deportes y Cementerios, son quienes dejan de tener dedicación exclusiva, de forma “voluntaria” según afirman desde el Ayuntamiento.
Pese a diversos rumores que circulan sobre supuestas crisis dentro en el gobierno local, lo cierto es que la nueva Ley de Administración Local establece un límite a cada municipio en el número de concejales liberados en función de su población. Según explica el Consistorio, la eliminación de la dedicación exclusiva de estos tres ediles les impedirá ejercer plenamente sus funciones debido a la incompatibilidad con sus respectivas profesiones, por la falta de disponibilidad horaria para ejercer las delegaciones asignadas. No obstante, los tres seguirán manteniendo sus actas en la corporación.
El alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández Pulido, ha asegurado que los tres han tomado esta decisión voluntariamente, después de varias reuniones en el seno del equipo de gobierno, “en un ejercicio de responsabilidad que les honra”. Y ha afirmado que continuarán como concejales del gobierno, “trabajando para la institución y para el proyecto socialista con el que se presentaron a las últimas elecciones”.
El alcalde ha señalado que en los próximos días tendrá lugar una remodelación completa de todas las concejalías para adaptarse a los cambios realizados, que se traducirá en un reparto de las áreas que dirigían estos tres concejales entre los otros seis que componen el equipo de gobierno.
De ellos, uno no está liberado, Martín Valenzuela, mientras que sí lo están los otros cinco: María Carmen Rodríguez Callejón, Ricardo Ruiz Mendoza, María Eugenia Rufino, Manuel Guirado Izquierdo y el propio Fernández Pulido. Lo que sí ha negado éste último es que exista cualquier tipo de crisis dentro del equipo de gobierno.
De hecho, el alcalde ha asegurado que todos los concejales se prestaron voluntarios a renunciar a su dedicación exclusiva, por lo que ha elogiado a todos ellos y ha destacado su “honradez”.
Gonzalo Fernández ha criticado duramente esta Ley de reforma de la Administración Local, al considerar que supone “una invasión por parte del Estado en las competencias municipales, un ataque frontal a la autonomía local y un recorte severo de las competencias de los ayuntamientos”. Y la califica como “un retroceso en la misma base de la democracia volviendo al provincianismo, donde solo unos pocos, los pudientes, podían dedicarse a la política, relegando a los trabajadores a un segundo plano”. Indica que es una Ley “chapucera, cuyo objetivo es acabar con el Estado del Bienestar, abriendo la puerta de la gestión pública al sector privado”.
Otro aspecto de la Ley que ha reprochado es su criterio de aplicación, pues no todos los ayuntamientos lo están haciendo. Pero Salobreña sí ha tenido que efectuarlo a instancias del Interventor municipal.
Para el alcalde, parece quedar al arbitrio del Interventor de cada ayuntamiento, “y cada uno lo entiende y lo aplica de la manera que quiere”. Desde Salobreña se hicieron las consultas pertinentes ante organismos como la FEMP o el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque no han obtenido ningún documento que indique los pasos correctos a seguir. Siguiendo con sus críticas hacia esta normativa, Fernández ha destacado que esto es solo la punta del iceberg, pues también pone en riesgo otros servicios municipales.
Señala el alcalde que esta nueva situación del equipo de gobierno pone en riesgo la gobernabilidad, ya que muchas menos personas tendrán que asumir más competencias. Así y todo, ha afirmado que los miembros de su equipo “están suficientemente capacitados” para llevar adelante sus funciones, por lo que cree que más allá de las limitaciones “no habrá ningún problema”.
