De forma completamente pacífica se ha conseguido que los inquilinos dispongan de un mes para abandonarlas o para llegar a un acuerdo de compra con la entidad bancaria.
La Plataforma Stop Desahucios ha conseguido esta mañana parar el desalojo previsto de dos viviendas del edificio Felicidad, situado detrás del Ayuntamiento de Salobreña. De forma completamente pacífica se alcanzó un acuerdo para aplazar un mes la medida judicial, lo que daría la posibilidad a los propietarios de negociar una compra con la entidad bancaria, algo a lo que están dispuestos.
En torno a un centenar de personas se han congregado esta mañana en el entorno del inmueble a las 10 de la mañana, hora prevista para el lanzamiento. El grupo, que incluía también a integrantes de Stop Desahucios de otras localidades de la comarca y a personas allegadas a los afectados, se ha distribuido entre los dos portales de entrada que tiene el edificio. Uno en la calle Nicolás Redondo, frente a la entrada trasera del Ayuntamiento, y otro en la calle Tomás y Valiente, frente al cuartel de la Guardia Civil.
Pasadas las 10.30 se han presentado los funcionarios del juzgado, que han ingresado dentro del cuartel, donde se ha producido una negociación que ha derivado en el aplazamiento del desahucio de las viviendas que habitan con sus familias Elisabeth de la Rosa y Ana Romero, a los que se oponía Stop Desahucios. Sí se ha llevado a cabo el de una serie de cocheras y algunos pisos vacíos, ante los que no se oponía ninguna resistencia.
El objetivo pasa ahora por aprovechar el tiempo concedido para negociar con la entidad bancaria una compra de estas dos viviendas, a la que están dispuestos los inquilinos, aunque el problema será llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones.
Junto a las cocheras y pisos vacíos, inicialmente se había acordado también el cambio de cerradura de un apartamento para el que ya existe un acuerdo de compra con el banco, con la hipoteca concedida, solo a expensas de firmarla ante el notario. Se trata de un piso habitado por dos personas mayores, y finalmente se ha personado su hijo, quien tras dialogar con los funcionarios logró aplazar por un mes el cambio de cerradura, lo que daría tiempo a regularizar la situación.
Las inquilinas de las viviendas cuyo desahucio se ha parado aseguran que las alquilaron con una opción de compra a los cinco años. Pese a que no han dejado de pagar, según manifiestan, habrían sido estafadas tras producirse un cambio en la titularidad del inmueble, ante lo cual responsabilizan a la inmobiliaria con la que gestionaron la operación.
