La alcaldesa considera que los que se han dado a conocer a nivel comarcal no se condicen con la realidad ya constatada en el municipio.
La alcaldesa de Salobreña continúa reivindicando que se hagan públicos los datos desagregados de contagios por coronavirus, ya que en nuestro entorno se pueden conocer como máximo a nivel provincial o comarcal, pero no a nivel municipal. María Eugenia Rufino destaca la necesidad de conocerlos para mejorar los servicios a las personas afectadas y gestionar de mejor manera su situación, más allá del derecho que tienen los ciudadanos a estar informados.
La regidora explica que se han conocido algunos datos que corresponderían a parte la comarca de la Costa –desde Salobreña hacia levante-, aunque en su opinión no se condicen con la realidad, pues se habla de algo más de un centenar de contagios en esta zona, cuando solo en la Villa tiene constancia de que hace una semana había en torno cincuenta, a los que se suman otros no conocidos. Y añade que “al menos cuatro han tenido traslado al Hospital”, pero “en casi ningún caso se le ha practicado la prueba”. Por tanto, señala que a efectos estadísticos apenas constan uno o dos en Salobreña, y que si esa situación se traslada al resto del país, la cifra total de contagios se dispararía considerablemente.
Para la alcaldesa es “absolutamente necesaria” la desagregación de datos en esta crisis sanitaria, y además señala que “es un derecho que tenemos todos como ciudadanos”. Y dice no comprender el motivo por el que se quiera “ocultar o maquillar datos”.
Rufino cree que los alcaldes deberían conocer el alcance la situación en su municipio, porque al final son ellos con sus concejales los que resuelven los problemas de los vecinos, y no los delegados provinciales, consejeros o ministros. Considera asimismo que el dar a conocer esta información puede tener un efecto disuasorio para personas de otros lugares que deciden venir al municipio, sobre todo en jornadas festivas como las que estamos transitando.
Ante esta situación y la imposibilidad de hacer obras, el Ayuntamiento ha estado trabajando en los últimos días en la tramitación correspondiente a todas las actuaciones o expedientes de obra que estaban en marcha, y que tuvieron que paralizarse. Una de ellas acababa de iniciarse en la playa cuando se decretó el estado de alarma –habían llegado a colocarse unas estacas-, y consistía en un proyecto de naturalización de las playas de Salobreña para preservar la vegetación que crece allí de forma natural.
Lo que persigue el proyecto es crear tres zonas en la playa, que son las que ya están acordonadas, con el fin de preservar y recuperar las especies que allí se encuentran. Además, se va a señalizar con paneles informativos para saber de qué cuáles se trata, mientras que en los balates que desembocan en la playa se pretende recuperar las especies propias de humedal que allí crecen, lo que embellecerá la zona y permitirá que el cauce discurra de forma más ordenada y se proteja la zona ante los temporales.
Antes de la crisis sanitaria la iniciativa había sido presentada para optar al II Premio Experiencias Inspiradoras, una distinción nacional que concede Europarc España, y ayer precisamente se recibió la notificación de que había sido admitida la propuesta de la Villa.
En otro orden, ya ha finalizado la recogida en Correos de mascarillas para transportistas autorizados, mientras que ayer por la tarde se recibieron cien pantallas protectoras. Siempre que se recibe este tipo de material, ya sea de otras administraciones o por donaciones, se reparte priorizando a los servicios sanitarios y de seguridad, para luego distribuirlo entre otros sectores que también lo necesitan.
Por otra parte, la regidora se ha referido a la situación educativa y a la posibilidad de dar por finalizado el curso. Aunque en ello no tiene competencias el Consistorio, está en contacto permanente con los directores de los centros del municipio, que le trasladan, al igual que las familias, dos grandes problemas: las limitaciones en materia digital o tecnológica para acceder a los contenidos a distancia; y la situación de los cerca de medio millar de alumnos que estudian en Granada, que se han tenido que volver al municipio debido a la situación de alarma y no pueden resolver la situación contractual de los pisos que ocupaban, por lo que esas familias pueden sufrir problemas judiciales. Ambas cuestiones fueron trasladadas a las administraciones superiores competentes, la Junta y el Gobierno central, respectivamente. En el caso de los pisos de alquiler, la alcaldesa pide que, al igual se hizo con la vivienda habitual, se regulen también los contratos de este tipo de alquileres que afectan a muchos ciudadanos en España.
