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Salobreña pedirá al Constitucional que paralice la Ley de Administración Local

0225 pleno

Tras el pleno donde se ha aprobado la medida, el Alcalde ha explicado que se trata de interponer varios recursos, planteando un conflicto en defensa de la autonomía local garantizada por la Constitución, y que esta ley lesiona.

 

Pleno celebrado esta tarde.

 

Con la realización esta tarde de un pleno extraordinario, Salobreña se une al resto de ayuntamientos de toda España que, en defensa de la autonomía local, deben presentar un acuerdo plenario para conseguir solicitar al Tribunal Constitucional que paralice y anule la Ley de la Administración Local aprobada por el PP.

 

Se trata, explicaba el alcalde de la Villa, Gonzalo Fernández Pulido, de interponer varios recursos, planteando un conflicto en defensa de la autonomía local garantizada por la Constitución, y que esta ley lesiona gravemente.

 

El proceso se está llevando a cabo en 8000 ayuntamientos de toda España, impulsado por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el gobierno de la nación, excepto el PP, y que conlleva como paso previo la solicitud de dictamen al Consejo de Estado.

 

La iniciativa viene motivada, según exponía el alcalde, porque esta Ley quita competencias a los Ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución. La aplicación de esta Ley, según Pulido, puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, de la prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios. “De esta forma el paquete fundamental de los servicios actualmente prestados por los Ayuntamientos pasarán a manos privadas por el conducto de las Diputaciones, para conseguir un foco de negocio donde antes existía un elemento de calidad y de servicio público”.

 

Afirmaba Pulido que “estamos en contra de esta Ley porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal e invade competencias de las comunidades autónomas, quita competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que ahora prestan los ayuntamientos. Y además porque, en lugar de mejorar la eficiencia y ahorrar, va a multiplicar el gasto y lejos de evitar duplicidades, las potencia.”

 

El punto ha sido aprobado con los votos del equipo de gobierno e IU.