Por Andalucía propone reforzar los servicios públicos, un plan de choque para aliviar las listas de espera sanitaria y regular la vivienda

· El candidato número uno por Granada, Rafael Sánchez Rufo, ha abierto la ronda de entrevistas de la emisora municipal con los cabeza de lista de los principales partidos

Rafael Sánchez Rufo, cabeza de lista del partido Por Andalucía en Granada.

Radio Salobreña ha iniciado esta mañana la ronda de entrevistas con los cabezas de lista de los partidos con representación por Granada en el Parlamento andaluz que concurren a las elecciones del próximo domingo. Ha sido con el candidato número de 1 de Por Andalucía por la provincia de Granada, Rafael Sánchez Rufo, quien ha defendido que estos comicios deben centrarse en decidir “qué modelo de gobierno” quiere la ciudadanía, contraponiendo la protección de los derechos sociales frente a su gestión como negocio. En este sentido, ha señalado que cuestiones como el acceso a la vivienda, la sanidad pública o la dependencia deben situarse en el centro del debate político.

Sánchez Rufo ha subrayado que uno de los principales problemas es la atención sanitaria, planteando un refuerzo del sistema público como eje de su programa. Ha criticado la derivación de recursos a la sanidad privada y ha propuesto un plan de choque para reducir las listas de espera, que en la provincia superan las 90.000 personas, además de garantizar atención en un máximo de 48 horas en atención primaria y ampliar horarios en los centros de salud.

Respecto a la vivienda, ha remarcado la dificultad de acceder a ella, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras. A su juicio, el encarecimiento de alquileres e hipotecas está dificultando la emancipación y reduciendo la calidad de vida, por lo que ha defendido la necesidad de garantizar precios asequibles y ampliar la oferta pública. Ha incidido en la necesidad de intervenir el mercado ante lo que ha calificado como una “emergencia habitacional”, y entre sus propuestas figuran la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, la regulación de las viviendas turísticas -que cifra en unas 10.000 en la provincia- y la construcción de vivienda pública.

El candidato ha puesto especial énfasis en la situación de la costa granadina, con referencias a municipios como Salobreña o Motril, donde el auge turístico, ha dicho, está tensionando tanto el acceso a la vivienda como los servicios públicos. En este sentido, ha defendido compatibilizar el desarrollo turístico con el bienestar de los residentes.

En el ámbito del empleo, Sánchez Rufo ha considerado “incomprensible” que existan altos niveles de paro -con tasas superiores al 16% en la provincia y más del 30% en jóvenes- mientras, según ha denunciado, quedan sin ejecutar fondos públicos destinados a políticas activas. Como respuesta, ha propuesto un plan de empleo dotado con 1.500 millones de euros.

Asimismo, ha defendido la necesidad de mejorar las infraestructuras en Granada, denunciando un supuesto desequilibrio territorial en Andalucía. Entre las prioridades ha citado la conexión ferroviaria del puerto de Motril con el Corredor Mediterráneo, así como nuevas infraestructuras sanitarias y la mejora del abastecimiento de agua para la agricultura.

Sobre el sector agrario, ha advertido de que su deterioro podría provocar el vaciamiento rural. Por ello, ha planteado medidas como garantizar precios justos, apoyar a pequeñas explotaciones, facilitar el relevo generacional y promover la titularidad compartida para visibilizar el papel de las mujeres en el campo.

En educación, ha apostado por reforzar la enseñanza pública frente a la concertada, incrementando la financiación, reduciendo ratios y ampliando los recursos para atención a la diversidad. También ha criticado el coste de la Formación Profesional privada y ha abogado por aumentar la oferta pública.

Finalmente, en materia social, ha propuesto mejorar la gestión de prestaciones como la renta mínima o el ingreso mínimo vital y reforzar el sistema de dependencia. Ha denunciado los retrasos actuales, con miles de personas fallecidas sin recibir prestaciones, y ha planteado reducir los plazos de reconocimiento y acceso a ayudas a un máximo de seis meses.