Aún no se conoce en qué medida se implementará la subida, aunque Gonzalo Fernández Pulido ha dicho en Radio Salobreña que mantiene en pie su proyecto de crear un plan de empleo para las familias necesitadas.
La reducción drástica de diversos gastos y servicios habituales que viene prestando el Ayuntamiento de Salobreña es la alternativa a la que apelará el equipo de gobierno para que el incremento del IBI no llegue al 40 por ciento, tal y como se aprobó inicialmente. Se ha confirmado que la subida será menor, aunque no se ha decidido aún en qué porcentaje. Lo que sí, el Ayuntamiento sigue adelante con su intención de crear un plan de empleo para desocupados en situación de emergencia.
En una extensa entrevista realizada esta mañana en los estudios de Radio Salobreña, el alcalde Gonzalo Fernández Pulido se ha referido a la situación que se plantea a día de hoy respecto a la polémica subida del IBI, para la cual se vienen barajando distintas propuestas. Habrá aumento, aunque no será del 40 por ciento inicial. “No sabemos si será del 5, del 15 o del 25 por ciento”, ha dicho el primer edil, aunque ha adelantado que para que cuadren las cuentas y se pueda hacer frente a todas las obligaciones del Ayuntamiento, sobre todo para cumplir con el plan de ajuste, habrá que reducir diversas actividades y servicios “a la mínima expresión”. Por ejemplo, los gastos en alumbrado navideño o las fiestas de Salobreña, Lobres y La Caleta tendrán un radical ajuste, y también se reducirían servicios como por ejemplo el mantenimiento de parques y jardines. Otras alternativas son la implantación de la zona azul o la solicitud de colaboración al tejido comercial.
En definitiva, según palabras del alcalde, el Ayuntamiento se quedará funcionando “bajo mínimos” y se va a reducir el gasto en todas las partidas presupuestarias, incluyendo la de personal y sus propios ingresos. Fernández asegura que se está intentando “por todos los medios que no haya despidos”, pero “si no queda más remedio” señala que se tendrán que hacer. En su opinión, la plantilla municipal está “descompensada”, y si bien no se puede despedir a funcionarios se hará una reorganización, pues señala que hay prestaciones de servicios duplicadas. Lo que sí se mantendrán serán las escuelas deportivas y los talleres de El Cultural.
La previsión del gobierno municipal es que el presupuesto de 2013 esté aprobado antes de fin de año, y según el alcalde tendrá un “marcado carácter social”. También ha explicado que para quien no pueda hacer frente a la subida del IBI habrá posibilidades de bonificaciones o ayudas.
Precisamente, una de las finalidades de este incremento del IBI es apoyar a las familias que se encuentran en situación más precaria debido al desempleo, por lo que a pesar de todos estos nuevos recortes se mantiene en pie la intención de poner en marcha un plan de empleo dirigido a estas personas.
Fernández Pulido se ha referido además a la intención del gobierno de realizar una revisión de los valores catastrales, situación que puede derivar en nuevos incrementos del IBI. El alcalde ve varias ventajas en esa medida, pues por una parte permitiría que afloren numerosos inmuebles que no pagan este tributo por no estar dados de alta; también permitiría equilibrar valores catastrales que estaban desajustados; y porque cree que es el momento oportuno, ya que los valores no están sobredimensionados como en la época de la burbuja inmobiliaria.
En la última campaña de IBI, según Fernández, se han puesto al cobro entre 250.000 y 300.000 euros correspondientes a unidades catastrales que hasta ahora no pagaban este impuesto.
El primer edil también ha hablado de las caceroladas que se han desarrollado y que se siguen anunciando contra el aumento aprobado. Y ha asegurado que en este sentido no aceptará “chantajes” ni la suplantación de funciones. Ha vuelto a aclarar que la subida no ha sido una medida agradable de tomar, pero que si no se llevan a cabo actuaciones para afrontar las obligaciones, como el pago del crédito por la deuda a proveedores, se corre el riesgo de una intervención estatal y del bloqueo o embargo de los ingresos y cuentas del Ayuntamiento.
