Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Salobreña en un comunicado en el que recuerda que los servicios jurídicos municipales están a disposición de todos aquellos afectados que lo necesiten.
EUROPA PRESS. Las 46 familias de las viviendas inacabadas de protección oficial (VPO) de La Caleta ya pueden realizar las reclamaciones judiciales que estimen oportunas ante el administrador concursal de la empresa ‘Dolmen Consulting Inmobiliario’ en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla hasta el 23 de agosto, según se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de julio.
Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Salobreña en un comunicado, en el que recuerda que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Salobreña están a disposición de todos aquellos afectados que lo necesiten.
Recientemente, el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud comunicó al Defensor del Pueblo andaluz, que se comprometió a mediar en el conflicto, que inspeccionará las empresas relacionadas con el incumplimiento del contrato de compraventa de las 46 VPO, que han sido ocupadas por sus propietarios para reclamar una solución.
En el escrito dirigido al departamento que dirige José Chamizo, al que ha tuvo acceso Europa Press, Consumo indicaba que no le constaba la existencia de reclamación o denuncia alguna de consumidores afectados por la no entrega de estas 46 VPO, y que hasta la fecha no han sido inspeccionadas las empresas relacionadas, por lo que, tras tener conocimiento de la situación, aseguraba que procedería a llevar a cabo actuaciones en tal sentido.
Este asunto, por el que el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Salobreña, Ángel Coello, presentó una queja ante el Defensor, afecta a casi medio centenar de familias que llevan esperando desde 2009 a que les entreguen sus casas tras haber aportado diversas cantidades de dinero que rozan los 14.000 euros en algunos casos. Sin embargo, la promotora dice que «ha quebrado» y no se hace responsable.
Ante esta situación, unas 17 personas decidieron el pasado 18 de mayo ocupar de forma «permanente» sus casas para reclamar una salida, ya sea la devolución del dinero o la entrega de los pisos.
Los afectados tienen que usar motores eléctricos para disponer de luz y recogen agua con cubos en un barranco cercano, aunque recurren a familiares del pueblo para ducharse. Pese estas condiciones, su pretensión es seguir con la ocupación al considerarse «víctimas de una estafa» de la que «nadie se hace cargo», según explicó en su día la portavoz del colectivo, Yuli Esquivel.
Por otra parte, IU informó el pasado 25 de julio de que, tras la revisión del expediente de las 46 VPO, ha tenido constancia de una «información obviada a los afectados», que se trata de un aval bancario que el Ayuntamiento de Salobreña tiene desde el 9 de febrero de 2007 por valor de 130.480,87 euros, para «garantizar la ejecución de la urbanización del entorno de la obra de La Caleta».
En ese sentido, la formación ha propuesto que el aval se ejecute, teniendo en cuenta el «incumplimiento de la promotora» y la «imposibilidad de ejecución y finalización» de la obra «en un futuro inmediato», ya que la empresa, Dolmen, está sometida a un proceso concursal de sus bienes.
Asimismo, IU exigía a la Fiscalía que, de oficio, velase por el cumplimiento de la ley «para garantizar las entregas depositadas a cuenta de la compra por parte de los afectados, sin necesidad de que estos tengan que exigir» lo que les corresponde por vía judicial.
