Deben asimilar previamente las numerosas normativas y decretos que las administraciones van aprobando día a día.
Dentro de las empresas que sí tienen mucha tarea por estos días, aunque no lo parezca porque lo hacen a puertas cerradas, están las asesorías. El Gobierno lo ha catalogado como un servicio esencial, pero más allá de eso su labor está siendo intensa a la hora de ayudar a las empresas y autónomos a adaptarse a toda la normativa que va surgiendo día a día.
Es el caso de Asesoría Cáceres de Salobreña, en cuya oficina trabajan dos personas, mientras que otras tres lo hacen mediante teletrabajo. Además, su tarea se está centrando exclusivamente en la tramitación de ayudas, ERTEs y demás labores de asesoramiento a los clientes sobre cómo proceder ante esta situación excepcional.
Pero antes de poder hacer eso, los propios trabajadores de este sector deben empaparse sobre las permanentes normativas y directivas que van surgiendo sobre la marcha. Todo ello genera muchas dudas en los clientes, y desde las gestorías deben ponerse al día para poder darles respuestas.
Juan Luis Cáceres, el gerente de Asesoría Cáceres, señala que en su labor distingue a las empresas que tuvieron que cerrar tras el Decreto del estado de alarma, como los comercios minoristas o los establecimientos de hostelería, que tenían trabajadores fijos. En esos casos, se han tramitado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que van asociados al estado de alarma, y que aclara que “no son despidos”, sino que tienen carácter temporal mientras dure esta situación, para luego reincorporarse a su puesto de trabajo. De hecho, asegura en su oficina no se ha dado “ningún caso” de despido definitivo de un trabajador.
Si no se hace de esa forma, señala el asesor, “una empresa no puede sobrevivir, porque tiene cero ingresos”. Por el contrario, el trabajador disfruta de la retribución por desempleo y la empresa se libra del gasto correspondiente a sus empleados mientras no genere ingresos. Juan Luis Cáceres subraya que el Decreto previene la posibilidad de realizar despidos por causas de fuerza mayor, que contemplan el pago de 20 días por año trabajado, en lugar de los 33 días previstos por despido improcedente.
