Apela a la solidaridad y asegura que incluye importantes ventajas a los municipios que le hagan este “préstamo” al Estado, que además es voluntario.
Aunque muchos partidos se han mostrado en contra de la propuesta del Gobierno para que los ayuntamientos le cedan su superávit, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, se muestra de acuerdo con la medida por considerar que sería ventajosa para el municipio. En caso de que salga adelante, está a favor de que la Villa ponga a disposición estatal parte de los 4,7 millones de euros de remanente de Tesorería positivo que logró en el ejercicio 2019.
Rufino destaca que estamos en una situación de crisis que no tiene precedentes y que no es comparable a otras anteriores. “Estamos en una situación en la que todo el mundo tendrá que arrimar el hombro para salir de una crisis en la que todo el gasto social y sanitario habrá que pagarlo de alguna manera”, señala Rufino.
La regidora salobreñera ha recordado que desde la FEMP se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo una flexibilización en las medidas económicas surgidas a raíz de la Ley de Racionalización de la Administraciones Locales aprobada por el Gobierno del PP, que “sí ha sido dañina para la autonomía de las entidades locales”, según ha afirmado. Y añade que este Decreto “también contempla una de las reivindicaciones históricas de reestudiar el marco económico de la financiación local”.
La alcaldesa quiere manejarse con cautela y señala que “hay que estudiar muy bien el Decreto”, aunque a priori está de acuerdo con él, pues destaca las ventajas que tendría el municipio al realizar este “préstamo al Gobierno central”, que además, asegura, es “voluntario”.
Rufino subraya además que el Decreto “tiene muchas más medidas aparte de la disposición de esos fondos”, como poder utilizar los superávit de 2019 en 2020-2021, que hasta ahora no se podía; la prórroga del superávit de 2018; la flexibilización del préstamo del pago a proveedores; la posibilidad de optar al fondo 5.000 millones de euros para la reconstrucción económica y social, que permite invertir en apartados en los que hasta ahora no se podía; la compatibilidad del uso de los remanentes con el superávit; libertad en cuanto a la regla de gasto, que “hasta ahora condicionaba muchísimo en los Presupuestos”; y que se va a garantizar la liquidez de las entidades locales.
En lo que respecta a Salobreña, la alcaldesa asevera que de su remanente de Tesorería positivo de 4,7 millones de euros del ejercicio 2019, el Ayuntamiento solo puede gastar una pequeña parte en inversiones financieramente sostenibles. Si pusiera una parte de esa cantidad a disposición del Gobierno, éste le ingresaría automáticamente al Consistorio un 10 por ciento de ella, para invertirla en lo que estime conveniente. El resto del dinero se devolvería en diez años con “condiciones flexibles”.
Ante este panorama, María Eugenia Rufino ve como un error la oposición “tan férrea” a este medida que está ejerciendo el Partido Popular, cuyos representantes en la Costa escenificaron días atrás en Motril su negativa frontal hacia esta iniciativa del Gobierno.
Para la regidora, “después del esfuerzo presupuestario que ha hecho Salobreña”, es positivo que ahora se pueda disfrutar de ventajas. No obstante, aclara que no es muy partidaria de destinar el superávit presupuestario al gasto corriente -una de las cuestiones que contempla el Decreto-, sino que prefiere priorizar las inversiones.
El tema será estudiado internamente en Salobreña con los técnicos del área económica, aunque también es verdad que, a día de hoy, la propuesta del Gobierno tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Si bien se consensuó con la FEMP, la mayoría de los partidos políticos y alcaldes de algunos de los municipios más importantes de España ya se han manifestado en contra.
