Entre otras cuestiones se señala una cantidad que se debe provisionar para reclamaciones judiciales, si bien afirma la regidora que en la actualidad no hay procedimientos pendientes de pagar.
La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha querido trasladar tranquilidad a la ciudadanía tras conocerse ayer un informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas, que incluye una revisión financiera y del cumplimiento de legalidad. Entre otras cuestiones se señala una cantidad que se debe provisionar para reclamaciones judiciales, si bien afirma la regidora que en la actualidad no hay procedimientos pendientes de pagar.
Rufino ha recordado que en febrero de este año el Ayuntamiento informó sobre una auditoría externa que estaba ejerciendo una empresa contratada por la Cámara de Cuentas en el marco de su derecho a fiscalización y control financiero a los ayuntamientos, centrada en las cuentas del año 2017. La labor ha durado más de un año, y según destaca la alcaldesa el propio personal de la Cámara de Cuentas ha “felicitado” al Consistorio “por la transparencia y por el tratamiento que se ha dado de toda la información solicitada”. Rufino señala que ha existido una “apertura total” y “órdenes de prioridad absoluta a la Intervención municipal y a los técnicos para que facilitaran todo”.
Según la alcaldesa, el informe señala que, “con las salvedades que se matizan, el Ayuntamiento cumple con la legalidad”, a lo que añade una serie de recomendaciones. Algunas de ellas se han comenzado a corregir al momento de conocerlas, sin esperar al informe final de la auditoría, dice Rufino.
Una de las cuestiones informadas ayer señalaba que el Ayuntamiento debe provisionar 226.366 euros para reclamaciones judiciales, a lo que la regidora señala que actualmente no hay procedimientos judiciales pendientes de pagar, mientras que durante el procedimiento la situación era distinta.
Aclara la alcaldesa que hay otras cantidades que vienen arrastradas de ejercicios y corporaciones anteriores. Asevera que en cinco años se han aprobado doce ejercicios presupuestarios, y que a día de hoy solo están pendientes los de los años 2017 y 2018, algo que ocurre “en el 90 por ciento de los municipios”, e incluso en administraciones como la Junta o el Estado.
Otra cuestión que marca el informe tiene que ver con la contratación de trabajadores indefinidos no fijos para cubrir determinadas plazas, y señala que se han contratado 48 trabajadores sin que se haya justificado la excepcionalidad o necesidad urgente e inaplazable. María Eugenia Rufino remarca en este punto la “limitación muy grande” que tienen los ayuntamientos para contratar personal por la Ley de Racionalización de 2012, y deja claro que, en su opinión, el personal de limpieza de playas “es de extrema necesidad”, y lo mismo si se jubila un funcionario como un electricista o un fontanero.
