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IU pide que el Defensor del Pueblo Andaluz intervenga en el caso de las VPO de La Caleta

El Defensor ha admitido la petición del portavoz de la formación, Ángel Coello, en la que se piden responsabilidades a la promotora Dolmen y también a la entidad financiera La Caixa.

 

Ángel Coello, portavoz de IU, junto a los propietarios que han ocupado sus viviendas de La Caleta.

 

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite una petición del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Salobreña, Ángel Coello, para que intervenga en el caso de las VPO de La Caleta, que el edil califica como una “presunta estafa” por parte de la empresa promotora Dolmen. La administración que dirige José Chamizo ya ha iniciado los contactos con las partes implicadas para intentar solventar la situación.

 

Coello planteó en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo la situación de retraso en la que se encuentra la promoción de 46 viviendas de protección oficial de La Caleta, que debieron haberse entregado hace tres años, y en la que los adjudicatarios han encontrado problemas para recuperar las cantidades entregadas a cuenta. Pero no sólo pone en tela de juicio la actuación de la promotora Dolmen, sino también de La Caixa, entidad financiera encargada de avalar el proyecto.

 

Una vez estudiada la comunicación, la queja ha sido admitida a trámite por el Defensor del Pueblo Andaluz por entender que reúne los requisitos que establece la Ley que lo regula. Por tanto, y en respuesta al escrito del portavoz de IU, le informa en un escrito fechado el pasado 18 de junio que ya ha iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes y que solicitará la colaboración necesaria ante el Ayuntamiento de Salobreña, la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda y el Servicio Provincial de Consumo de Granada “para poder conocer todos los datos precisos que afectan a la cuestión”.

 

Además de haber contactado con José Chamizo, Coello ha hablado personalmente sobre el asunto con la consejera de Vivienda, quien “está viendo en qué medida, desde su ámbito competencial, se puede exigir el cumplimiento y la terminación de las obras”. No obstante, matiza que la situación de la empresa Dolmen, que se encuentra en un proceso concursal, “complica la situación”.