El TSJA da la razón al Ayuntamiento en el pleito por la expropiación de Salomar 2000

Ahora queda pendiente que se establezca el precio a pagar por el terreno expropiado en la urbanización para la construcción del nuevo paseo marítimo.

Imagen de archivo del derribo del muro, en el año 2016.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Salobreña en el pleito por la expropiación de un sector de la urbanización Salomar 2000 colindante al paseo marítimo. De esta forma, se enmienda la decisión anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada, que había fallado a favor de las pretensiones de la comunidad de propietarios, y que cuestionaban la capacidad expropiatoria del Consistorio.

El conflicto con esta urbanización de la playa de Salobreña surgió tras un temporal que tuvo lugar en febrero de 2015 que afectó severamente al paseo marítimo, y que llevó a la Dirección General de Costas, de la mano del Ayuntamiento, a retranquear el propio paseo para evitar afecciones futuras. Ello dio lugar también al inicio de las obras de remodelación de esta vía, que están ya ejecutadas en su tramo final.

Para llevar a cabo ese retranqueo se consideró necesario disponer de parte de los terrenos colindantes de Salomar 2000. Según explican desde el Ayuntamiento, éste tenía la potestad de expropiarlos por el bien común, aunque se optó por una negociación con la Junta Directiva de la urbanización que suponía un intercambio de terrenos: la comunidad de vecinos cedía una superficie triangular de 1.065 metros cuadrados junto al paseo –que ocupaba una pista de tenis y jardines-, mientras que el Consistorio cedía una parcela del doble de superficie colindante a la parte trasera, sobre la avenida de Andalucía.

Desde el Ayuntamiento explican que parte de los propietarios se opusieron a ese acuerdo, una vez que las obras ya estaban en marcha, e incluso motivaron un cambio de Junta Directiva. Fue entonces cuando el Consistorio decidió ejercer su derecho expropiador para continuar con la obra que incorporaría los terrenos en litigio al paseo marítimo.

La alcaldesa de la Villa, María Eugenia Rufino, asegura que “las administraciones tienen capacidad expropiatoria incuestionable, y así lo han reiterado los distintos tribunales”.

La cuestión judicial que queda pendiente tiene que ver con el precio que se le pondrá a los terrenos expropiados, que será determinado por la Comisión Provincial de Valoración. En este punto tampoco ha habido acuerdo, ya que mientras el Ayuntamiento ofertaba 80.000 euros, Salomar 2000 solicitaba en torno a 700.000. Una primera pronunciación sobre este asunto valoró el terreno expropiado en casi 400.000 euros, aunque ello fue recurrido y ahora será un informe pericial el que determine el justiprecio.

En este punto, la alcaldesa ha querido aclarar que en ningún momento se condenó al Ayuntamiento a pagar una indemnización a Salomar 2000 por una expropiación indebida, según trascendió el año pasado, sino que esa cantidad era la que se había determinado como precio por la expropiación, y que aún está pendiente de establecerse de forma definitiva.

Una vez que ello ocurra, el municipio prevé abonar la cuantía fijada y no se plantea de momento retomar el acuerdo que suponía ceder la parcela trasera a la urbanización Salomar 2000.

La alcaldesa ha dado estas explicaciones acompañada del arquitecto municipal, Francisco Morejón, quien se ha referido a los motivos por los que, tras el temporal de 2015, se decidió retranquear el paseo marítimo para darle una mayor protección a la franja litoral.

Al haberse judicializado la situación, a día de hoy está sin terminar la parte de la remodelación del paseo marítimo correspondiente al terreno en cuestión. La alcaldesa señala que ahora deberá retomar las conversaciones con Costas para que se complete la actuación, que fue financiada por esa administración. Añade que este pleito ha jugado incluso en contra de las gestiones que viene realizando el municipio para completar el arreglo total del paseo marítimo.