Dentro del pleno municipal ordinario previsto para mañana a las 19 horas en el Ayuntamiento de Salobreña se incluirá una moción de urgencia presentada por el Partido Popular para renegociar los precios de las expropiaciones realizadas para la construcción de las canalizaciones de Rules. La propuesta recoge instar a ello al Ministerio de Transición Ecológica, a la empresa pública Acuaes y a una consultora interviniente para alcanzar «un acuerdo digno» con los propietarios de las fincas afectadas.
Según los populares, desde hace unos meses existe un malestar entre los agricultores por los daños colaterales de las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules, que afectan a unas 400 parcelas y más de 33 hectáreas de Salobreña, Molvízar y Vélez de Benaudalla. Señalan que la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo estima que el 65 por ciento de las parcelas expropiadas por el Gobierno «son propiedad de particulares, cerca de 260 fincas agrarias que se ven comprometidas por la ejecución de la infraestructura».
«Los dueños no están de acuerdo y piden un precio justo para sus tierras», destaca el PP en la exposición de motivos de su moción, añadiendo que las expropiaciones les han ocasionado a la mayoría «daños en riegos, pérdidas en árboles, terrenos explotados que quedan inútiles, lindes de las parcelas destruidas, muros de protección destrozados, inundaciones en cortijos y un sinfín de contratiempos que hacen que una obra histórica que esperaba el litoral desde hace veinte años se torne amarga». Y es que, según los populares, recibirán hasta un 80 por ciento menos por sus parcelas que cuando se expropiaron terrenos para construir la autovía, cuando se pagaron hasta 60 euros por metro cuadrado, mientras que ahora perciben «solo unos 12 de media», llegando a solo 4 euros en el caso de la expropiación forzosa por servidumbre. La formación popular asegura que asesorías jurídicas consultadas por los afectados «consideran que el procedimiento empleado para expropiar los terrenos no cumplió todas las garantías», pues «no han contado con la información necesaria» y «se les convocó en una sala sin tiempo de reacción para que aceptaran o rechazaran una oferta que condiciona sus vidas». Asimismo, aseveran que la cantidad que ofrece Acuaes no tiene en cuenta los gastos que se deben afrontar para devolver las fincas a su estado inicial ni el lucro cesante.
