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El pleno del lunes garantiza el pago a los acreedores del Ayuntamiento

Se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por 240.000 euros y la solicitud de un crédito ICO para pagar por orden de antigüedad. La comisión de investigación analizará las facturas no conformes.

 

Concejales en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

 

Económico en cuanto a su contenido y muy político por momentos en el debate. Así se puede catalogar el pleno de este lunes, donde por cierto se apreció igualmente una cierta sintonía entre los portavoces a la hora de poner de su parte para sacar a Salobreña de esta crisis que atenaza cualquier posibilidad de maniobra que suponga invertir un euro en algo.

 

Ya lo dijo la concejala de Hacienda, Mari Carmen Rodríguez, al desglosar la deuda, que asciende, por cierto, a los 19 millones de euros, ahí es nada. Quizá por eso, porque todos así lo reconocen, hubo ofertas de mano tendida, aunque, hay que decirlo, con un toque de reproche hacia el alcalde por consultar algunos asuntos con unos grupos y no con otros. Por eso PA y PP dijeron «nosotros también estamos aquí». Pero también hubo posturas comprensivas hacia la acción de gobierno, e incluso felicitaciones por el mimo en la modificación de ciertas ordenanzas. Pero como por algo hay gobierno y oposición hubo también posturas encontradas, hasta el punto de que se rechazó con los nueve votos de PP, IU, PA y PSI la propuesta de actualización del IPC acumulado, un 6,80%, para el impuesto de circulación de vehículos, y la otra subida gorda, el 25% que el equipo de gobierno planteaba para el IBI urbano se retiró por el alcalde sin debate para evitar otra derrota.

 

Con todo ello, el resto de puntos salieron adelante, como por ejemplo la modificación en el impuesto a la construcción, donde habrá bonificaciones de hasta el 90% para licencias de construcción; o las plusvalías, ambas aprobadas por unanimidad. Aunque los corporativos de IU, PA y PP advirtieron sobre la intención del equipo de gobierno de pedir una revisión de la ponencia de valores para ajustar el valor de las viviendas y, por tanto, el coeficiente del IBI al alza. Fue el momento en que el alcalde, que no dijo ni que sí ni que no, apeló a la coherencia de los grupos de  la oposición.

 

Dos de los puntos que más debate se llevaron fueron un reconocimiento extrajudicial de deuda y la aprobación de solicitud de un crédito ICO para pago a proveedores. El primero se trataba de aprobar un expediente para cancelar deudas a empresas y autónomos, así como crear una comisión con todos los grupos políticos para analizar las facturas no conformadas y, por tanto, de dudoso cobro y depurar en su caso responsabilidades.

 

El portavoz del PSI, Javier Ortega, se mostró de acuerdo con la revisión de facturas, pero pidió un examen más a fondo para dos de las incluidas en  la lista, una por el 20% de demasía de la obra de la piscina de Lobres por 118.000 euros y otra de aplicaciones informáticas por 40.000 hasta ver si estaban correctas o el ayuntamiento estaría pagando unos beneficios industriales que no le corresponderían.

 

José Pérez, del PA, no se mostró conforme con la lista elegida, mientras que el de IU criticó que haya facturas de 2003 con la firma del concejal en 2011. No es lo habitual, señaló Angel Coello, quien explicó que ya el interventor en su informe dijo que se había hecho ilegal. Por eso rechazó la comisión de investigación y propuso directamente acudir a la justicia.

 

Por su parte, el portavoz del PP, Rubén Rodríguez, restó importancia a esta práctica que, dijo, es habitual cuando se produce un cambio de gobierno. Es verdad que hay dos facturas grandes pero entendemos que todas están dentro de la legalidad, defendiendo así la gestión de sus compañeros y de su partido, del que dijo que no culta nada. Brindó su ayuda a la comisión pero rechazó que hubiera nada oscuro en la gestión del PP.

 

Mari Carmen Rodríguez Callejón defendió la comisión apelando a la afirmación del interventor de que la comisión de cuentas tiene una función muy específica y en este caso se recomienda una comisión especial asesorada por técnicos muncipales. Además de las continuas auditorías internas que se están llevando a cabo desde el inicio del mandato.

 

«El que haya facturas sin consignación presupuestaria aunque sea habitual no es normal y significa que se ha gestionado mal», dijo la edil de Economía, quien cuantificó estas facturas en 442.365 euros. «Algunas están bien tramitadas pero por modificaciones presupuestarias se han quedado sin consignación en favor de otros pagos, y son esas las que se van a atender. El resto serán analizadas a través de la comisión que se forme», puntualizó.

 

Si los técnicos dicen que un procedimienro está mal hay que llevarlo al juez, reiteró el portavoz del PA. José Pérez acusó de falta de transparencia al equipo de gobierno por no facilitar los listados en tiempo y forma, algo que negó la edil de Economía, quien dijo que los técnicos tienen orden de dar a la oposición toda la información que requiera.

 

El alcalde recordó que son facturas que vienen de corporaciones anteriores y hay que pagarlas. “Las acciones legales de emprenderán si procede con el resto de facturas, las dudosas”, dijo el alcalde. Se abstuvieron PSI, IU y PA, mientras que PP y PSOE votaron a favor.

El punto siguiente era una continuación del anterior. Se trataba de acogerse a la solicigtud de un crédito ICO para el pago de deudas a pequeños y medianos empresarios y auntónomos. El montante, 397.800 euros, será destinado al pago de las reconocidas en el punto anterior, “240.000 euros y el resto para facturas pendientes por orden de antigüedad, las más viejas de 2005”, dijo la concejala de Hacienda.

 

Preguntó el portavoz del PSI que porqué estas facturas y no otras, señalando que le ha faltado información para poder dar apoyo a la propuesta. Y alertó de que no todas las incluidas corresponden a PYMES, como marca la ley.

 

También el portavoz del PA criticó la tardanza en aportar documentación a la oposición, y preguntó porqué a un proveedor concreto al que se adeudan más de cien mil euros se le aprueban veinte mil. “Cuestión de antigüedad” le respondieron de las filas del gobierno.

 

Por su  parte, el portavoz de IU cuestionó que aparezcan al cobro facturas de anteriores reconocimientos extrajudiciales y preguntó por facturas de la oficina del PGOU criticando que no estuvieran ha abonadas con el millón y medio que costó.

 

Mari Carmen Rodríguez Callejón explicó los términos de la ley que regula los préstamos ICO y dijo que esta cantida aliviaría la liquidez municipal y de los acreedores. La concejal recordó que el ayuntamiento debe 12 millones a FCC, 2,4 millones a pequeños acreedores y otro tanto a grandes empresas.

 

El alcalde, Gonzalo Fernández, expicó que la elección de facturas ha venido establecida por los técnicos, avalados por la Tesorería y la Intervención y que se ha hecho en función de la antigüedad. El punto se aprobó por unanimidad.

 

El Pleno aprobó también la moficación de la Ordenanza sobre Instalaciones Deportivas, que incluye el pago de una cuota única anual de 30 euros  por alumnos, aunque se incluyen bonificaciones en función de distintos parámetros.