El Ayuntamiento ha aprobado la concertación de un préstamo de 11.591.810 euros de acuerdo al Real Decreto y una vez que el gobierno central diera el visto bueno al Plan de Ajuste local.
El Pleno de la corporación salobreñera ha aprobado la operación de crédito a largo plazo para hacer frente al pago a proveedores en función de las facturas presentadas por éstos en el plazo habilitado para ello y que finalmente ha supuesto unos dos millones de euros más que los 9,4 inicialmente presupuestados por el Ayuntamiento. A la finalización de dicho plazo, los técnicos de Intervención han contabilizado 11.591.000 euros, aunque la mayoría de los dos millones de más corresponden a solicitudes presentadas por la empresa de Limpieza, FCC, de manera que el número de facturas, que superaba en poco las 300, no se ha incrementado demasiado según fuentes municipales.
Lo primero era aprobar la urgencia, ya que el plazo para presentar la aprobación de la operación terminaba hoy martes. Los corporativos dieron el sí, no sin antes expresar su malestar por la desinformación y la no celebración de comisiones informativas. El alcalde dio la razón a los portavoces, pero justificó la premura en que las notificaciones por parte del Ministerio de Economía se hacen con muy poco margen de maniobra, incluso con 24 horas. La edil de Economía y Hacienda, Mari Carmen Rodríguez Callejón, explicó que es el Ministerio quien decide qué entidad financiera corresponde a Salobreña, de forma que el Ayuntamiento aprueba la operación con el ICO, y éste hace de intermediario.
Ha sido a través de las certificaciones individuales que los técnicos han constatado las facturas pendientes de pago y las han incluido en el listado, aunque algunas de esas certificaciones no se han aceptado por no constar en el consistorio los trabajos realizados, ha explicado la concejala.
Muy crítico con los bancos se mostró el portavoz del PA. Primero mostrando su preocupación porque se adjudique el préstamo a Bankia por la situación que esta entidad atraviesa. Pero también mostrándose en contra de que se admitan facturas de bancos que suman más de 600.000 euros, ya que para José Pérez los responsables de esta crisis deberían recibir su castigo.
El portavoz andalucista protestó por no haber estado su grupo en el procedimiento de elaboración de proveedores y por la falta de información al respecto del listado definitivo, ni cuánto, ni qué cuantía ni qué criterios se han arbitrado para confeccionar la lista. «Sólo se nos ha dicho que confiemos en la profesionalidad de los técnicos, en la que confío, pero mi tarea es fiscalizar y tengo derecho a conocer el listado», concluyó Pérez su primer turno de palabra.
El portavoz de IU mostró su perplejidad por la forma de proceder del equipo de gobierno teniendo en cuenta que las deudas no son suyas. También puso sobre la mesa Angel Coello la sentencia del TSJA anulando el acuerdo de pleno que subió y subvencionó el IBI, una deuda de un millón, que, dijo, este plan de saneamiento no tiene en cuenta. Coello preguntó qué se ha incorporado a la lista de proveedores desde el 30 de marzo para sumar los dos millones de más. También cuestionó los intereses de demora que se vayan a pagar a FCC, aunque sobre la marcha desde el equipo de gobierno se le respondió que no se van a pagar. Pero criticó la falta de consenso a la hora de abordar un asunto tan importante como éste.
El portavoz del PP reconoció la culpa del Ministerio de Economía al plantear los pasos a seguir por los ayuntamientos con tan poco margen, pero a renglón seguido señaló que el listado de proveedores estaba confeccionado con anterioridad así que se podía haber comunicado a la oposición. Aun así, Rubén Rodríguez apeló a la altura de miras para empezar de cero todos a una para levantar la economía local.
Desde octubre pasado el cambio ha sido constante en materia legislativa, se defendió la edil de Economía para justificar la premura en los pasos dados. Dijo Rodríguez Callejón que los encargados de hacer el listado de facturas han sido los técnicos de Intervención y que el equipo de gobierno tampoco lo conoce, aunque señaló que dio orden de que mostraran la relación a los grupos de la oposición que la solicitaran. Se mostró de acuerdo en pedir responsabilidades si procede y recordó que dos miembros de la intervención forman parte de la comisión de seguimiento de la que también forman parte los portavoces. “Ni se ha parado la comisión ni la auditoría anunciada en su día por el gobierno del PSOE”, puntualizó, para finalizar afirmando que las deudas mayores se han reducido porque los proveedores han aceptado quitas o reducción de intereses. Por cierto, explicó al portavoz andalucita que las deudas con los bancos corresponden a endosos de pequeños empresarios.
El portavoz del PA criticó de nuevo a los bancos y el porcentaje de más del 5% que tendrá que abonar el ayuntamiento cuando ellos reciben el dinero al 1%. Y siguió su cruzada contra los bancos. Para José Pérez cualquier auditoría que no se haga por una empresa externa no tendrá validez.
Angel Coello, de IU, volvió a recordar el montante de tasas por la recogida de basura, más de 900.000 euros, que no se han abonado a la empresa, sin contar con que el servicio cuesta 750.000 euros. Alguien tendrá que asumir responsabilidades, dijo, para añadir que FCC está cobrando 400.000 euros por un servicio que no presta. Finalmente abogó por un consenso político sobre todo en los grandes temas, incluidos sector Norte, TH1 o TH2 para que la cosa funcione.
Y el popular Rubén Rodríguez abundó sobre los 700.000 euros que cuesta el área de deportes, un gasto excesivo a su juicio que se debería poner sobre la mesa junto al caso FCC. Y reiteró u ofrecimiento a ir juntos a buscar soluciones a los grandes problemas del municipio.
El alcalde, Gonzalo fernández Pulido, lamentó la situación a la que se enfrenta el ayuntamiento, de hipotecar a varias corporaciones, que personalizó en la pésima gestión del PP en los últimos diez años.
Abundó en que la cuantía de las facturas a pagar la marca la intervención; que no se han reconocido intereses de demora a los deudores. Se mostró de acuerdo con las críticas de la oposición a los bancos y los intereses que cobran, para añadir que eso es lo que hay y señalar que lo que piden los bancos son endosos y que hay que pagarlos porque así lo exige la Ley.
“Estamos haciendo los deberes”, concluyó. El PA e IU se abstuvieron , mientras que PSOE y PP votaron a favor de la operación de crédito, que resultó aprobada.
