Se irá compensando a partir de la revisión de la ponencia catastral y volverá a bajar desde 2017 para volver al 0,65 en 2021. La edil de Hacienda considera imprescindible la revisión de la ponencia para que afloren las unidades que hasta ahora no contribuyen.
Mari Carmen Rodríguez en la entrevista realizada esta mañana en el informativo Primera Hora.
El plan de ajuste que el Ayuntamiento ha redactado para hacer frente al pago de los 9,4 millones que suman sus deudas con los proveedores va a suponer una subida de tasas, precios públicos e impuestos. Hay que pagar en diez años ese dinero con su cinco por ciento de interés. Y lo que se ha hecho es distribuir esos ajustes a lo largo de diez años para que el impacto sea menor. De todas formas, la concejala de Economía y Hacienda se apresura a decir que en el caso de las tasas y precios públicos éstos se van a adecuar a los servicios y las subidas serán mínimas. La edil ha participado esta mañana en el informativo de esta casa ‘Primera Hora’.
En mayor cuantía subirá el IBI, que para este año experimenta un aumento del 10% porque así lo ha decretado el gobierno. «Sube del 0,65 al 0,71 por imperativo legal» ha manifestado Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien achaca al anterior equipo de gobierno la responsabilidad de este incremento, ya que según explica, de haberse revisado la ponencia catastral en su momento no hubiera sido necesario, «pero como el anterior equipo de gobierno no hizo los deberes en su momento nos encontramos con esta subida impuesta», señala. La primera subida por parte del ayuntamiento se producirá a partir de 2013.
«Será de un 1% porque ya estamos trabajando sobre la nueva ponencia de valores que se pondrá en marcha en 2014. Ese año bajaremos los valores para que en 2015 el impacto sobre el ciudadano sea menor. De 2014 a 2016 el coeficiente se situará en el 0,75 para bajar hasta 2020 al 0,70 y volver al actual 0,65 en el último año de este plan de ajuste»
Insiste Callejón en la necesidad de la revisión de la ponencia y el perjuicio producido por no haberse realizado en su momento, ya que hay inmuebles que están pagando por debajo de lo que deberían, así como otros que ni siquiera figuran de alta.
Critica la edil las declaraciones de otros grupos políticos sobre subidas que, asegura, no se corresponden con la realidad lo que contribuye a crear confusión entre la ciudadanía. Y aunque reconoce que es cierto que algunas unidades van a experimentar un incremento por encima de los porcentajes antes citados esto se deberá a la variación de otros parámetros que incidan sobre esa unidad urbana, como posibles ampliaciones producidas o el cambio de la clasificación de la zona en que se encuentre.
Con todo, insiste Callejón en que «hay inmuebles y vados que no están pagando porque el PP no ha hecho los deberes» y que con la revisión de la ponencia y los trabajos previos que estén llevando a cabo los técnicos municipales saldrán a la luz.
La concejala salobreñera ha rechazado la opción adoptada por otros ayuntamientos de que se les cobre el préstamo a través de la participación en los ingresos del Estado, la famosa PIE. «Si nosotros lo hubiéramos hecho así sería la ruina para el ayuntamiento, ya que ese dinero sirve para hacer frente a las nóminas de los trabajadores»
Por último, Rodríguez Callejón ha justificado la demora en la aprobación de los presupuestos de 2012 en la necesidad previa de realizar un estudio de la situación económico financiera del Ayuntamiento, donde se partía de una deuda superior a los 17,5 millones de euros, y que obligó al equipo de gobierno a realizar esfuerzos para minorar esa deuda durante sus primeros meses de mandato. «De haber aprobado los presupuestos en diciembre las medidas a adoptar hubieran tenido que ser más drásticas e incluso habrían peligrado puestos de trabajo municipales». Ha afirmado.
En este sentido la concejala ha reiterado el sentir de su equipo de gobierno por el empleo y su compromiso para que a pesar del escaso margen de maniobra que permiten estos presupuestos tan ajustados estimular la creación de trabajo en distintos sectores como la agricultura o el turismo en lugar de poner en marcha bolsas de empleo que considera algo más complicado.
