Gonzalo Fernández ha asegurado en una entrevista a Radio Salobreña que esta medida limita la autonomía de los ayuntamientos y hace que las deudas con las empresas pasen a las entidades financieras con intereses “abusivos”.
Gonzalo Fernández Pulido, alcalde de Salobreña.
El alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández Pulido, invitado hoy al informativo Primera Hora, se ha mostrado en contra del Real Decreto del Gobierno central para el pago a proveedores debido a las condiciones que se les imponen a los ayuntamientos. También se ha referido a las grandes inversiones pendientes en el municipio, señalando que son las entidades financieras las que tienen a su mano sacarlas adelante. Desde el Ayuntamiento se buscará que se lleven a cabo cambiando el sistema de compensación por el de cooperación.
Para cumplir con el Real Decreto de pago a proveedores, Salobreña presentó facturas por un total de 9.401.000 euros, lo que supone que se debe más que Motril, municipio que es mucho más grande. Y el alcalde, en un extenso diálogo mantenido esta mañana con Radio Salobreña, ha asegurado que a ella hay que añadir la deuda con entidades financieras y también las facturas pendientes de reconocer por la Inspección, lo que hace que las obligaciones totales se sitúen entre los 12 y los 13 millones de euros. Según Fernández Pulido, esta deuda ha mermado respecto a la que había al principio de la legislatura gracias al control del gasto, porque hay que adecuar el gasto real a los ingresos que se tienen.
Para el alcalde de Salobreña, el decreto del Gobierno central para el pago a proveedores no es un buen decreto porque vulnera el principio de autonomía de las administraciones locales. Señala que lo que se pedía eran facilidades de pago a través de créditos ICO a bajo interés, pero por el contrario se financia este pago de deuda al 5 por ciento a través de otras entidades, que son las que finalmente se benefician.
Si bien el Estado actúa como avalista de los ayuntamientos en este plan de pagos, en caso de que éstos no lo puedan cumplir se les detrae el dinero de las aportaciones de los tributos estatales. En el caso de Salobreña, el alcalde asevera que si eso sucede tendrá una merma de 1,5 millones de euros, que es lo que le corresponde por ese concepto. En definitiva, asegura, “se obliga a los ayuntamientos a pagar de golpe y se les genera una deuda mayor”. Como hecho positivo, ha destacado que la medida permite a los ayuntamientos negociar reducciones de la deuda con los acreedores y también solventar conflictos judiciales.
Fernández Pulido asegura que a través de este Real Decreto “van a cobrar prácticamente todos los proveedores” del Ayuntamiento, algunos de ellos con facturas pendientes de los años 2005 y 2006. Hasta el momento, señala que se ha estado haciendo frente a algunas de esas facturas pendientes en la medida de las posibilidades económicas del Consistorio.
Fernández Pulido también ha criticado el Real Decreto de Medidas Urgentes del Gobierno central, que limita en gran medida a los ayuntamientos la creación de oferta de empleo público.
El primer edil salobreñero señala que a tenor de todas estas circunstancias los dos próximos años serán “malos” desde el punto de vista económico, ya que habrá que “sobrevivir” con los ingresos que se tienen, y tampoco se podrán llevar a cabo políticas de empleo o de inversiones por las limitaciones a la autonomía municipal. Indica también que con motivo de las medidas del Gobierno central se va a incrementar el IBI en un 10 por ciento, que va a suponer unos ingresos extra de unos 250.000 euros para las arcas municipales.
Por otra parte, el primer edil se ha referido a algunos proyectos de iniciativa privada que están pendientes desde hace años. Destaca que los propietarios del suelo en muchos casos son entidades financieras, y señala que éstas tienen la obligación de poner en circulación el dinero que tienen y que “no quieren mover”. No obstante, destaca que el Ayuntamiento tiene mecanismos para que ello ocurra, por ejemplo cambiando el sistema de compensación por el de cooperación. Y en este sentido, indica que en La Caleta no hay ningún grupo inversor privado interesado en acometer ese proyecto.
Respecto al centro comercial La Kasbah, sí hay un inversor que según Gonzalo Fernández está “muy interesado”, aunque para ello se debe aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, sobre el que afirma que no estaba tan avanzado como se creía, ya que le faltaban numerosos informes sectoriales de las administraciones. Asegura que se está trabajando en ello, luchando contra la “burocracia de la Administración” para sacarlo adelante.
En definitiva, Gonzalo Fernández Pulido cree que los grandes bancos están instalados en el inmovilismo, ya que no dan crédito para inversiones, y que el Gobierno central los está premiando con estos reales decretos, gracias a los cuales se van a seguir beneficiando.
