Ecologistas en Acción ha vuelto a alertar sobre la situación del aparcamiento de camiones instalado en la N-340, junto al casco urbano de Salobreña, donde según denuncia se acumulan irregularidades urbanísticas, medioambientales y de seguridad desde hace más de ocho años, sin que las administraciones hayan actuado para poner fin a la actividad. Lo último que evidenciado es la quema de residuos en el recinto, donde afirma que también se depositan combustibles.
En abril de 2017 Ecologistas en Acción trasladó a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la existencia de un aparcamiento de camiones con grandes depósitos de combustible ubicado a escasa distancia de cientos de viviendas y en suelo no urbanizable de protección paisajística. Destaca además que la instalación, situada junto al acceso a Salobreña del camino al cementerio, se encuentra a menos de 500 metros del Castillo, declarado Bien de Interés Cultural, y “carecía de licencia”.
En febrero de 2018, la Consejería informó al Ayuntamiento de Salobreña de estos hechos y lo instó a ejercer sus competencias en disciplina urbanística. Sin embargo, la entidad ecologista asegura que nunca recibió respuesta por parte del Consistorio, pese a reiterar su denuncia en marzo del mismo año y solicitar información sobre las actuaciones municipales respecto al aparcamiento.
A la presencia de camiones -hasta 50 estacionados en un mismo día- y depósitos de combustible, “que representan un riesgo por su proximidad a las viviendas”, se suman las molestias por ruidos que impiden el descanso de los vecinos, indica el colectivo. Y añade que con el paso del tiempo el espacio “ha derivado en un vertedero ilegal en el que se acumulan escombros, basuras y residuos sólidos”. “Las quemas continuas generan nubes de polvo, humos y malos olores que afectan al casco urbano colindante, incluso estando muy cerca de vehículos con combustible”, agrega.
Según la organización ambientalista, la actividad se mantiene sin licencia y sin medidas de seguridad homologadas, mientras “el Ayuntamiento continúa sin intervenir a pesar de haber recibido múltiples denuncias”. Por ello, insta nuevamente a la entidad local y a las administraciones competentes a “actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes”. Reclama el cierre de las instalaciones “ilegales” y la depuración de las responsabilidades que se deriven de una situación que, aseguran, se prolonga desde hace casi una década.
