El Ayuntamiento de Salobreña celebró en la tarde de ayer un extenso pleno ordinario que se prolongó durante unas cuatro horas, en el que se abordaron diferentes cuestiones planteadas por el gobierno municipal y también mociones de la oposición. No faltó tampoco el apartado de ruegos y preguntas, en el que intervinieron los corporativos y también el público asistente.
Tal duración de la sesión se debió en buena medida al extenso debate generado en torno a la situación de las viviendas de La Caleta, que hace un tiempo habían retomado su construcción pero que actualmente se encuentran nuevamente paralizadas. Lo que se llevaba a pleno era la propuesta de la Alcaldía de oposición a la cancelación de la condición resolutoria de garantía de ejecución de viviendas de VPO.
Concretamente, se debatía si el Ayuntamiento debía allanarse ante la demanda presentada por la empresa Oliva Premium por la situación generada con estas viviendas, es decir, aceptar lo planteado en la demanda. Para este debate se ausentaron dos ediles por tener intereses particulares relacionados al asunto, Juan Collado de Más Costa Tropical y Rafael Bosch del Partido Popular.
La situación viene generada por un acuerdo alcanzado por el anterior equipo de gobierno con la mencionada empresa para retomar las obras de las viviendas de La Caleta, que llevaban años paralizadas. En él se planteaban una serie de exigencias a la promotora, que a cambio podría comercializarlas como viviendas libres, quedando sin efecto su antigua calificación de VPO. Con la entrada del nuevo equipo de gobierno se planteó la alternativa de que mantengan esa condición, suscitándose un conflicto con la empresa que ya había puesto en marcha la inversión.
Fue el propio primer edil, Javier Ortega, quien explicó la postura de la Alcaldía, señalando que la medida no pretende perjudicar a ninguna empresa, y menos si es local, pero considera muy necesarias las viviendas de VPO tanto en La Caleta como en el resto del municipio. Y destaca además su ventaja a la hora fijar población, además de la obligación de “defender los intereses del municipio”.
La condición resolutoria, señala Ortega, es la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de recuperar esos suelos “previo pago, una vez que el adquiriente no ha llevado a cabo la finalidad para la que se enajenaron”. Si se cancelara, añadió, “lleva aparejado que automáticamente estas viviendas pasen a ser libres”, además de cerrar la puerta para alcanzar un acuerdo transaccional que ponga fin al litigio.
El Partido Popular votó de forma dividida en este punto, pues mientras el edil Juan de Dios Márquez se posicionó “a favor de las VPO”, su compañera de grupo María del Carmen Vílchez se abstuvo. Esta última leyó un escrito del también edil del PP, Rafael Bosch, uno de los inversores que se considera perjudicado por esta situación. En él resalta que su iniciativa permitía resolver un problema de larga data, pues las viviendas generaban inseguridad e insalubridad “por la suciedad que acumulaban y la ocupación ilegal”. Se planteó que acabarlas como VPO “era económicamente inviable” ante la imposibilidad de acceder a ayudas o préstamos. Asimismo, cita informes técnicos municipales según los cuales no existía obligatoriedad de que las viviendas fueran protegidas. Una vez iniciada la inversión, que incluía la construcción de zonas verdes, la cesión de un local al Ayuntamiento y otras actuaciones para mejorar la accesibilidad, Bosch explica que se obligó a la empresa a comprar otro inmueble para destinarlo a equipamientos, lo que calificó como “chantaje”.
Unas exigencias a las que la empresa nunca se negó, según el escrito, y señala que el cambio de parecer del nuevo equipo de gobierno se debe a cuestiones políticas y electorales. Asimismo, cifra en 4 millones de euros la deuda que han adquirido las familias que integran esta empresa, entre ellas la del propio Bosch. Ante esa situación, añade, Oliva Premium ha presentado esta demanda, que según vaticina le supondrá a futuro un gran coste al Ayuntamiento.
Ante las distintas referencias que se hicieron a los dos ediles de IU, que formaban parte del equipo de gobierno anterior que cerró ese acuerdo, la edil de esta formación, Ángela Rodríguez, negó su participación en reuniones relacionadas con el asunto, y puso de manifiesto su intención de que se resuelva la situación de estas viviendas y de “luchar por el beneficio del pueblo”.
El alcalde volvió a intervenir para señalar “no nos guía ningún principio ideológico” y que nadie de la empresa se reunió con él antes de interponer la demanda.
A renglón seguido, Plácido Leyva, del grupo de Ciudadanos, quiso aclarar que la cuestión que se estaba debatiendo era si el Ayuntamiento se allanaba o no ante la demanda, y anunció su abstención ante la falta de información sobre la cuestión, así como por el hecho de existir informes contradictorios de distintos técnicos municipales.
Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Martín, afirmó que “si el Ayuntamiento se allanara no se solucionaría el problema”, y aclaró que su postura no va en contra de los inversores, sino “con la defensa de la legalidad y el orden”.
El popular Juan de Dios Márquez volvió a intervenir para aclarar su postura, matizando que en su partido hay libertad de voto, y declarándose a favor de las VPO.
Desde Convergencia Andaluza, la portavoz María Rodríguez pidió que se tengan en cuenta los intereses de los caleteros que no pueden acceder a una vivienda. Y justificó su voto en un informe según el cual “hay improcedencia en allanarnos a la demanda”.
Finalmente, la mayoría se decantó por que el Ayuntamiento no se allane a la demanda, de forma que se contestará. Votaron a favor de ello el PSOE, IU, Convergencia Andaluza, Vox y el popular Juan de Dios Márquez, mientras que se abstuvieron Más Costa Tropical, Ciudadanos y la popular María del Carmen Vílchez.
Entre otros puntos del pleno se aprobó también, por unanimidad, una modificación de créditos destinada a pagar dos sentencias judiciales relacionadas con horas extras realizadas por agentes de la Policía Local. Se trata de una cuantía de 24.600 euros que se abonará con cargo al Remanente de Tesorería. En este punto, la edil de Economía, María del Carmen Rodríguez Callejón, explicó que se ha establecido un modelo para fiscalizar y abonar las horas extras que realicen todos los trabajadores municipales, no solo los policías locales, lo que conllevaría que no se repita esta situación.
También se dio luz verde por unanimidad a una propuesta de cofinanciación para el mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer. Se trata de una orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad de la Junta, en un convenio que se gestionaba de forma anual, pero ahora se ha establecido que sea plurianual por cuatro años.
El orden del día incluyó también siete mociones de los grupos de la oposición -tres del Partido Popular, tres de Convergencia Andaluza y una de Ciudadanos- que abordaremos en próximos informativos.
