Después de muchos años sin actividad, este colectivo vecinal ha sido reactivado y se plantea como principal objetivo defender los intereses de los salobreñeros.
Junta directiva recien constituída de la Asociación de Vecinos Caña de Azúcar Villa de Salobreña.
La Asociación de Vecinos Caña de Azúcar Villa de Salobreña ha renovado su ejecutiva el pasado viernes en un encuentro en el que Antonia Esteban Molina fue elegida por unanimidad como presidenta, tomando así el relevo de Ángel Saavedra. Como vicepresidenta la acompaña María Jesús González Fernández, mientras que el secretario es Juan de Dios Noguera Puentedura y el tesorero es Francisco García Montes. La nueva ejecutiva cuenta además con el respaldado de once vocales que ayudarán y participarán en todos los temas que aborde de la Asociación.
Esta entidad, creada en el año 2004, nació con el objetivo de defender los intereses generales de los vecinos. Durante algunos años casi no tuvo funcionamiento, aunque ahora ha sido reactivada a través de una treintena de personas, si bien esperan sumar más integrantes, pues está abierta a todos los habitantes de Salobreña, Lobres y La Caleta. No se trata de una asociación vecinal al uso, ya que no representa a un barrio o zona específica, sino al municipio en todo su conjunto. En esa línea, pretende trabajar en colaboración con las demás y convertirse en un nexo de unión entre todas.
Muchos de sus miembros forman parte de la plataforma que durante los últimos meses ha venido protestando y manifestándose contra la subida del IBI en Salobreña, aunque su presidenta asegura que no tiene vocación política ni de ir contra nadie, sino de defender los intereses de los vecinos.
La entidad se plantea entre sus objetivos la defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, de vivienda, social, económica o de consumo, fomentando las medidas participativas que considere más adecuadas. También busca fomentar y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública con el fin de potenciar el bienestar social y mejorar la calidad de vida y preservar el medio ambiente urbano, y exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de sus derechos. Entre ellos destaca el de recibir información directa de los asuntos que son de interés común; participar de las subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos y actividades; establecer convenios de colaboración en programas de interés general; intervenir en todos los ámbitos de las administraciones públicas para defender los intereses generales de los vecinos; o ser escuchada en los plenos y comisiones municipales en los asuntos que afecten de modo particular o general a los vecinos de su ámbito territorial.