Esta moción socialista se convirtió en institucional al ser secundada por el resto de grupos municipales, que también hicieron sus aportaciones en el pleno celebrado este lunes.
Con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género se inició el pleno ordinario que celebró este lunes la corporación salobreñera. A continuación surgió el debate. Los grupos de oposición señalaron que no podían aprobar el acta anterior al no haberla recibido. Y en este punto se quejaron por la falta de información sobre los asuntos municipales o la tardanza en recibirla. El portavoz andalucista, Juan Collado, señaló que en octubre recibieron un CD con lo referente a los cinco meses anteriores y a partir de entonces, nada más. La portavoz de Ahora Sí, María Jesús Castaño, acusó al equipo de gobierno de sustraer información y no dejar ejercer su labor a la oposición; algo que corroboró también la portavoz popular: no nos hacéis caso, somos inexistentes, dijo Mari Carmen Vílchez, quien reclamó la convocatoria de la Junta de portavoces para determinar los puntos de los plenos.
Javier Ortega, ayer alcalde en funciones por la ausencia por enfermedad de María Eugenia Rufino, indicó que el problema está en los nuevos formatos informáticos que, dijo, están dando problemas hasta en el día a día municipal. “Esperemos que se solucione pronto”, pero nunca ha habido afán de hurtar información a la oposición”, afirmó, para invitarlos a continuación a que se acerquen al Ayuntamiento y recojan sobre la marcha cualquier información que necesiten mientras dure la adaptación del nuevo sistema informático “que ahora está ralentizando todo”.
El grupo socialista presentó una moción, que tras el debate se convirtió en institucional, sobre el compromiso municipal con las mujeres y menores víctimas de violencia de género, cuya lucha debe ser una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. En su defensa del texto, la concejal de Igualdad, María José garcía, recalcó como aspecto más destacable de la misma la necesidad de que los ayuntamientos recuperen sus competencias en la materia y cuenten para ello con los recursos correspondientes.
La moción pide que se inste al gobierno a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias al objeto de la devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, así como que dé cumplimiento al compromiso económico recogido en el Pacto de estado contra la violencia de género de destinar a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios para el desarrollo delas medidas contempladas en dicho pacto.
La portavoz de Ahora Sí, María Jesús Castaño, dijo echar en falta la autocrítica, porque, según dijo, seguimos como hace diez años. Y ñadió que a su juicio han descendido las denuncias porque las mujeres ya no se fían.
Para la portavoz de IU, Carmen López, fallamos toda la sociedad, pero “no hay que autoflagelarse, sino seguir en la lucha”.
Mari Carmen Vílchez, por su parte, pidió que se haga constar la adhesión de Salobreña al pacto de estado contra la violencia de género. La portavoz del PP pidió que se inste también a la Junta a adoptar las medidas necesarias, así como que no se reduzcan a los ayuntamientos los recursos para el apoyo a las víctimas.
Recordó María José García que el Pacto de estado está en proceso, aunque no rechazó la inclusión de este párrafo en la moción. La edil de Igualdad se mostró de acuerdo en que falla la sociedad, y a la portavoz de Ahora Sí le respondió que no se trata de dar un baño de gloria a la Junta de Andalucía, pero hay que reconocer que esta administración no ha reducido el presupuesto en esta materia.
Al final todos los portavoces avalaron la moción, que se convirtió en institucional.
También acabó como institucional la moción socialista referida a regular de manera adecuada la figura del consumidor vulnerable. El Decreto de seis de octubre, que establece medidas para la protección de consumidores domésticos de energía eléctrica dispone, entre otras cosas, que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales locales o autonómicos abonan la factura, de manera que ante una situación de impago el proceder de las eléctricas será indicar a sus clientes que acudan a los servicios sociales y si éstos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro.
“Expertos señalan que esa no es la forma de aborda el problema, porque se generan lagunas y efectos perversos, por ejemplo un enorme impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, se ningunean los servicios de protección ya existentes en algunas de estas administraciones, o existe discriminación, positiva o negativa, a la hora de aplicar la norma a familias numerosas, por un lado, o monoparentales, por otro, entre otras.
La moción solicita que se impulse un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía, reformar el decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable o incluir en los presupuestos del Estado una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección del consumidor vulnerable.
Que asuman el gasto las eléctricas, que son las únicas que no han dejado de ganar en estos años de crisis, reclamó la portavoz de Ahora Sí, María Jesús Castaño.
La portavoz del PP pidió que según la propuesta del defensor del Pueblo, se recoja una definición de consumidor vulnerable que incluya especiales medidas de protección para los menores.
Estando todos los grupos de acuerdo en el fin de de la moción, denunciar que no se ha contado con el Consejo territorial de los servicios sociales y con los ayuntamientos, que se supone que son quienes tienen que afrontar los pagos de la luz de las familias afectadas. Con la aportación de los grupos se convirtió la moción en Institucional.
